El administrador responderá con su patrimonio por las deudas

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Los administradores que no adopten medidas inmediatas ante un deterioro de las cuentas de la empresa deberán responder con su patrimonio. Así lo establece una decisión del Gobierno, que ha optado por no prorrogar un Decreto que salvaguardaba el patrimonio de los administradores de empresas en dificultades en los años de la crisis.

El Real Decreto-Ley 10/2008, de 12 de diciembre, que adoptó medidas financieras para la mejora de la liquidez de las pequeñas y medianas empresas y otras medidas económicas complementarias, introdujo un régimen extraordinario y temporal, de excepción a las obligaciones en un máximo de dos meses desde que el administrador conozca la quiebra de reducción obligatoria de capital por pérdidas y de disolución por pérdidas graves. Este régimen se ha prorrogado cada año desde entonces, pero el Ejecutivo ha decidido no mantenerlo en 2015.

El régimen se estableció justo al inicio de la crisis, cuando ésta era de incierta duración y efectos, con carácter temporal, y se ha ido renovando, en ocasiones al límite de los dos meses posteriores al fin del ejercicio, hasta ahora. Sin embargo, a partir de esta decisión se deberá convocar la junta en dos meses y las opciones serán reducir capital o disolver la sociedad.

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